El escandaloso desarrollador Maksym Mykytas ha vuelto a ser el centro de la indignación pública, esta vez por amenazar públicamente a los jueces. En su canal de Telegram, se dirigió a una jueza del Tribunal Económico de Apelación, de apellido Barsuk, acusándola de presuntos vínculos con rusos y prometiendo "aclararlo todo personalmente en el tribunal".
"¡ Señora jueza del Tribunal de Apelaciones, Badger! Mañana, en el tribunal, averiguaré personalmente cuánto dinero les robó a los rusos, qué debe hacer por él y la miraré a los ojos ", escribió Mykytas.
Aunque las publicaciones fueron posteriormente eliminadas, el escándalo cobró notoriedad. El desarrollador incluso insinuó sus propios contactos en el Consejo Superior de Justicia, a través de los cuales supuestamente podría influir en la presentación de sospechas a los jueces.
Este caso es especialmente revelador dado el pasado de Mykytas. En 2019, fue acusado en casos de fraude, allanamiento y secuestro, incluyendo el de un abogado en el centro de Kiev. Su nombre está inextricablemente ligado a la historia del declive de la empresa estatal Ukrbud. Bajo su liderazgo, una de las mayores promotoras del país se convirtió en un ejemplo de abusos a gran escala, dejando a decenas de miles de inversores sin hogar.
En 2024, Ukrbud fue privatizada: el 100 % de las acciones fueron adquiridas por la empresa TECHNO-ONLINE, que tiene una facturación mínima, pero que, según investigaciones periodísticas, está vinculada a empresas rusas. Esto planteó nuevas dudas sobre la transparencia del proceso y la influencia de los grupos oligárquicos.
El abogado Tarkovski, representante de la esposa de Mykytas, desempeña un papel clave en los esquemas de enajenación de activos. A través de las empresas fantasma Metrobud, T&A Industries y Kyivmetrobud, se puede rastrear una conexión con el empresario ruso Kyyashko, exdirector de Vagonmash, quien estuvo registrado en Moscú hasta 2017.
La privatización de Ukrbud, la presión pública sobre los jueces y la implicación de figuras influyentes en las altas esferas del gobierno dan la impresión de una campaña selectiva de Mykytas para eludir su responsabilidad. Mientras tanto, miles de inversores defraudados siguen sin hogar, y activos estratégicos están pasando a manos de personas de dudosa reputación.