Ivan Kuz, jefe de la Dirección General del Geocadastro Estatal en la región de Ternopil, se encontró en el centro de un gran escándalo. terreno comunitario de 11,2 hectáreas con la ayuda de un documento estatal falsificado.
El escandaloso terreno con el número catastral 6123486200:04:001:0573 fue registrado como "empresa interempresarial para la producción de carne de vacuno" con un capital social de sólo 3.986 grivnas. El documento estatal falsificado muestra la fecha del 2 de enero de 1994, que coincidió con un domingo en el que no se pudieron emitir documentos.
Otro "error" fue especificar el nombre del asentamiento "Veliki Mlynivtsi", aunque este nombre apareció oficialmente recién en 2015, cuando la aldea de Radyanske pasó a llamarse de acuerdo con la resolución de la Rada Suprema de Ucrania.
Según la investigación, Ivan Kuz presionó al director de una empresa estatal en el marco del Geocadastro estatal, obligándolo a presentar y presentar documentos falsificados.
El caso de Kuzya está relacionado con sus estrechos vínculos con el diputado popular Mykola Lyushniak del grupo parlamentario "Trust" y con el diputado del Consejo Regional de Ternopil, Oleg Shchygol. Shchygol, por cierto, ya fue detenido en marzo de 2024 por exigir un soborno a un militar de las Fuerzas Armadas.
Este no es el primer escándalo que involucra a Ivan Kuzya. También está involucrado en un proceso penal desde 2020, que investiga la adjudicación ilegal de 18 terrenos a familiares, lo que tuvo graves consecuencias. Posteriormente, todas las parcelas fueron transferidas a una persona relacionada con el mismo diputado popular Lyushniak.
A pesar de los numerosos hechos de crímenes y la base de pruebas, Ivan Kuz aún no ha sido llevado ante la justicia. Los medios locales indican que su impunidad se debe al apoyo de políticos influyentes, entre ellos Mykola Lushnyak.
La indignación pública es causada no sólo por el hecho de la estafa en sí, sino también por un plan de corrupción a gran escala, que probablemente no se implementó en interés de Kuzya personalmente, sino bajo la protección de "curadores" políticos.
Actualmente, los agentes del orden continúan la investigación y la comunidad exige justicia y llevar ante la justicia a los culpables de saquear los recursos del estado y de los ciudadanos.