El Tribunal Superior Anticorrupción admitió la demanda de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y confiscó un Audi Q7 de 2023, valorado en unos 4,2 millones de grivnas, a favor del Estado. Según la fiscalía, este coche era utilizado por el alcalde de Sambora, en la región de Lviv, Yuriy Gamar, aunque en los documentos oficiales figuraba a nombre de su hija, Tatyana Moskvyak.
Los fiscales de SAPO argumentaron que ni Gamar ni sus familiares contaban con ingresos legales suficientes para comprar dicho vehículo y presentaron pruebas ante el tribunal de que el alcalde fue quien lo utilizó después de la compra. Cuando NABU y SAPO comenzaron a verificar el origen del vehículo, según la investigación, intentaron volver a matricularlo a nombre de un tercero para dificultar el rastreo de la adquisición del activo.
El tribunal coincidió con la postura del fiscal y declaró el bien ilegal para su propiedad privada, aplicando el mecanismo de confiscación civil, una herramienta que permite al Estado recuperar bienes adquiridos sin ingresos lícitos comprobados. La decisión establece que el vehículo pasa a ser propiedad del Estado.
Esta decisión provocó indignación pública y se convirtió en otro ejemplo del uso de mecanismos anticorrupción contra funcionarios. Sin embargo, inmediatamente después de hacerse pública la información, analistas y activistas de derechos humanos llamaron la atención sobre la declaración actualizada de Yuriy Gamar: en ella se registró la compra de otro Audi Q7, fabricado ya en 2025, por un valor de casi 4,9 millones de UAH.
La inclusión de un nuevo y costoso coche en la declaración planteó nuevas dudas sobre las fuentes de ingresos y la transparencia de los gastos del funcionario. Representantes de organismos públicos instaron a las fuerzas del orden a verificar las circunstancias de la compra del segundo Audi y, de ser necesario, a tomar medidas conforme a la ley. El ayuntamiento no había recibido ninguna declaración oficial sobre la nueva entrada en la declaración hasta el momento de su publicación.