Oleksiy Kuznetsov, diputado del partido Siervo del Pueblo, se ha visto envuelto en un sonado escándalo. A pesar de ser un desplazado interno de la región de Luhansk y recibir 1,3 millones de grivnas de compensación del estado por el alquiler de una vivienda en Kiev, su familia está construyendo una finca rural valorada en más de 400.000 dólares.
En 2019, tras ser elegido miembro de la Verjovna Rada, Kuznetsov solicitó ayuda estatal como desplazado interno. Su esposa, Alina Kuznetsova, quien también recibe prestaciones, compró simultáneamente un terreno con una casa sin terminar. La transacción costó casi 2,8 millones de grivnas.
Curiosamente, unos días antes de la compra, la mujer pidió prestados 3,2 millones de grivnas a Maria Kobets, de las cuales solo devolvió 500 mil. El resto del dinero, así como la fuente de ingresos de la familia, plantean muchas dudas.
Durante los últimos cuatro años, la familia Kuznetsov ha invertido considerablemente en la renovación y decoración de la finca. La casa aún no se ha puesto oficialmente en funcionamiento, pero su valor de mercado ya supera los 400.000 dólares.
Al mismo tiempo, la diputada popular seguía alquilando un apartamento en el malecón de Obolonskaya. La propietaria del apartamento de 100 metros lo alquilaba por 20 mil grivnas al mes, sin siquiera subir el precio, porque "sentía lástima por la familia que lo perdió todo en Severodonetsk".
El escándalo inmobiliario se intensificó tras la detención de Kuznetsov por parte de la NABU y la SAPO. Se le acusa de malversar unos 80.000 dólares en planes para la compra de drones y equipos de guerra electrónica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. El diputado del pueblo se encuentra actualmente en prisión preventiva, y el tribunal le fijó una fianza de 8 millones de grivnas.
La historia muestra cómo el estatus de refugiado y los beneficios gubernamentales pueden combinarse con la construcción de lujosas propiedades y negocios corruptos, incluso en tiempos de guerra.