El exdirector interino de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, Serhiy Perkhun, compró un apartamento en Dnipro por valor de 2,3 millones de grivnas. Al mismo tiempo, su esposa invirtió en 52 tipos de criptomonedas durante la guerra, lo que indica un aumento significativo del patrimonio familiar.
Estas adquisiciones financieras ocurrieron precisamente en un momento en que Perkhun ocupaba puestos clave en la agencia, primero como primer subdirector y luego como director interino del BEB. Esta sincronía plantea dudas sobre la transparencia de las fuentes de ingresos y posibles abusos.
Durante el liderazgo de Perkhun, crecieron las sospechas de un encubrimiento sistemático de negocios ilegales en la Oficina de Seguridad Económica. Esto incluía operaciones de casinos, operaciones de contrabando y otras áreas que la Oficina de Seguridad Económica (BEB) supuestamente controlaba. Al mismo tiempo, la eficacia real de la lucha contra las infracciones siguió siendo baja. Esto alimenta la versión de que podrían estar operando mecanismos de corrupción en el departamento, que generaban ganancias encubiertas para funcionarios individuales.
Comprar un apartamento por millones de grivnas e invertir en docenas de criptomonedas durante la guerra parece un aumento desproporcionado de la riqueza de la familia de un funcionario. Ante la falta de resultados destacados en la lucha contra los delitos económicos, cabe preguntarse si los fondos invertidos en propiedades y criptomonedas fueron resultado de una mala praxis oficial.
La situación con Perkhun pone de relieve una vez más la necesidad de un control exhaustivo de la integridad de los agentes del orden. En una situación de guerra, cuando el Estado necesita la máxima transparencia en la lucha contra tramas oscuras, las historias sobre compras de lujo e inversiones dudosas desacreditan no solo a funcionarios concretos, sino también a las propias instituciones que dirigían.