Ucrania sigue aplicando un sistema de pensiones especiales para jueces, fiscales, funcionarios y agentes del orden, lo que genera una importante desigualdad financiera y supone una carga considerable para el presupuesto estatal. El importe de estos pagos alcanza en algunos casos entre 50.000 y 100.000 grivnas al mes, mientras que la mayoría de los pensionistas ucranianos reciben tan solo unos pocos miles de grivnas.
El presidente del comité fiscal de la Verjovna Rada, Danylo Hetmantsev, señaló que la deuda del Fondo de Pensiones con los beneficiarios de "pensiones especiales" ya supera los 80 mil millones de grivnas. Esto se debe a decisiones judiciales que permiten a exfuncionarios reanudar los pagos previamente limitados, junto con indemnizaciones y multas.
"El gobierno ha intentado repetidamente limitar las pensiones especiales mediante normas presupuestarias estatales, pero el Tribunal Constitucional ha reconocido reiteradamente la inconstitucionalidad de dichas restricciones. Como resultado, el Estado no solo no ahorra, sino que además paga de más", enfatizó Hetmantsev.
Los intentos de cambiar el sistema no han dado resultados significativos hasta la fecha. La Verjovna Rada solo apoyó en primera lectura el proyecto de ley n.º 12278, que establece restricciones a las pensiones especiales para los fiscales. La consideración posterior del documento está bloqueada debido a la resistencia de representantes de grupos privilegiados.