Mykhailo L., residente de Kanev, de 65 años, fue víctima de arbitrariedad, según él, por parte de empleados del Centro Territorial de Reclutamiento y Apoyo Social. Tras el incidente, que lo llevó a ser hospitalizado con lesiones graves, las fuerzas del orden no reaccionaron adecuadamente. Y su intento de proteger sus derechos ante los tribunales fue denegado.
La tarde del 20 de marzo de 2025 terminó con un brutal ataque contra el pensionista. Unos desconocidos se le acercaron en la calle, presentándose como empleados del CCC. Le exigieron sus documentos, pero el hombre no los tenía. Mykhailo pidió llamar a la policía, pero en su lugar llegó otro grupo de representantes del CCC. Entonces, según él, comenzó la paliza: golpes en la cara, la cabeza y el cuerpo, tras lo cual lo metieron a la fuerza en un coche y lo llevaron al edificio del CCC.
Lo mantuvieron en prisión hasta que se determinó su edad: 65 años, edad superior a la permitida para movilizarse en Ucrania. Al día siguiente del incidente, el hombre se sintió mal y acudió al hospital. Los médicos le diagnosticaron traumatismo craneoencefálico, conmoción cerebral, contusión torácica, lesión cervical e hipertensión. Permaneció hospitalizado hasta el 27 de marzo.
Mykhailo presentó una denuncia policial el 7 de mayo, después de lo que permite el Código de Procedimiento Penal para presentar una denuncia por inacción policial. La policía no abrió una causa penal, no entrevistó a la víctima y se limitó a realizar una verificación.
Mykhailo L. intentó obtener una respuesta a través de la fiscalía, pero la denuncia fue transferida de una institución a otra. Finalmente, acudió a los tribunales para quejarse de la inacción del investigador, pero también en este caso fue denegado: el tribunal de Kaniv devolvió la denuncia por incumplimiento del plazo de presentación de diez días, al no encontrar motivos para renovarla.
En su recurso ante el Tribunal de Apelación de Cherkasy, el hombre alegó que la demora se debía a su mala salud y estado de ánimo, así como a los prolongados intentos de resolver el asunto amistosamente. Sin embargo, el Tribunal de Apelación desestimó la demanda, alegando la ligereza de las razones del incumplimiento del plazo.
Así pues, a pesar de las graves lesiones y las denuncias de actos violentos por parte de representantes de la CCC, el procesamiento legal de los sospechosos aún no ha comenzado. La propia víctima continúa su lucha ante las instancias judiciales superiores.