En Kiev se descubrió un plan a gran escala para organizar una formación ficticia para inmigrantes extranjeros, supervisado por un ex asesor del director de una de las universidades médicas de la capital. El funcionario utilizó sobornos para ayudar a los extranjeros a obtener permisos de estudiante y visas, lo que les permitía permanecer legalmente en el territorio de Ucrania sin estudiar realmente.
Este plan fue posible gracias a documentos falsificados que certificaban la inscripción de inmigrantes en la universidad. Los extranjeros que utilizaban los servicios de un funcionario podían permanecer en Ucrania hasta cinco años sin asistir a ninguna clase.
El sospechoso fue arrestado en su lugar de trabajo, cuando recibía otro soborno: 33.000 grivnas de un "estudiante". Durante los registros, los agentes del orden confiscaron fondos y otras pruebas de actividad ilegal.
Por organizar este plan, el ex asesor universitario se enfrenta a hasta 10 años de prisión, ya que la investigación lo incrimina en virtud de varios artículos del Código Penal de Ucrania.
Este caso se convirtió en otra señal para los agentes del orden sobre los graves abusos en el ámbito educativo que socavan la confianza en las instituciones de educación superior ucranianas.