NABU y SAP informaron al ministro de Política Agraria y Alimentación, Mykola Solsky, y a otras personas de la sospecha de haber tomado tierras por valor de 291 millones de grivnas y de intentar apoderarse de parcelas por valor de otros 190 millones de grivnas.
Los participantes en el plan lograron la destrucción de los documentos en virtud de los cuales dos empresas estatales de la provincia de Sumy tenían derecho al uso permanente de la tierra. Debido a su ausencia, el Geocadastro estatal regional elaboró un acta sobre la ocupación arbitraria de estos lotes.
Más tarde, con la ayuda de funcionarios controlados del Geocadastro estatal regional, las parcelas fueron transferidas a la propiedad de determinados ciudadanos con el pretexto de ejercer su derecho a la tierra gratuita. Al mismo tiempo, la condición para obtener la propiedad de la tierra era la firma de un contrato de arrendamiento a una explotación agrícola privada incluso antes del momento de la adquisición.
Como resultado de la implementación del plan en 2017-2021, los participantes en el plan adquirieron 1.250 terrenos con una superficie total de 2.493 hectáreas y también intentaron adquirir 3.282 hectáreas de terreno.