La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción (NACP) realizó una auditoría de las declaraciones de 541 funcionarios del personal directivo de los centros territoriales de adquisiciones (CCT), de las cuales se encontró que 8 personas habían violado las declaraciones. Según Anastasia Radina, jefa del comité de política anticorrupción de la Rada Suprema, los materiales sobre estas personas fueron entregados a las fuerzas del orden.
Actualmente se realiza un seguimiento del estilo de vida de 28 personas más, así como una verificación integral de las declaraciones de otros 5 funcionarios de la dirección del TCC. Según Radina, al menos dos declaraciones de empleados de TCC tenían un mayor riesgo de violación que decenas de miles de otras declaraciones de funcionarios.
El caso más voluminoso, abierto sobre la base de los materiales del NAZK, se refiere al director del CCT de Odesa, Yevhen Borisov, que fue informado de la sospecha de enriquecimiento ilícito por un importe de más de 188 millones de grivnas.
Otro caso es el del subdirector de uno de los TCC, que cobró más de 400.000 grivnas de los militares en su tarjeta bancaria personal y supuestamente las gastó en sus propias necesidades.
El resto de las violaciones detectadas afectan a personas de los centros de control de Odesa, Sambor, Poltava, Dnipro y Zaporizhzhia. La investigación la llevan a cabo las fiscalías especializadas en materia de defensa, la Dirección Estatal de Investigaciones y la Policía Nacional. El procedimiento para el decomiso de lo que se considera bienes injustificados es llevado a cabo por la Fiscalía Especializada Anticorrupción. La decisión de los casos quedará en manos de los tribunales.