El 2 de febrero en Pavlograd en Dnipropetrovsk, hubo un evento amenazante: una explosión cerca de la construcción del Centro Centenario Territorial. Un dispositivo explosivo casero, explotado por malhechores cerca de la oficina de alistamiento militar, condujo a un militar de 24 años. Sin embargo, gracias al trabajo operativo del servicio de seguridad de Ucrania y la Policía Nacional, la Ley Terrorista se abrió menos de un día, y todas las personas involucradas en el crimen fueron detenidas.
La idea de los servicios especiales rusos era hacer un pánico entre la población local a través de este ataque terrorista, apoyar la confianza en las fuerzas de defensa y complicar las medidas de movilización en la región. Los atacantes que estaban bajo la guía de los agentes rusos tenían como objetivo desestabilizar la situación en Ucrania, en particular, en la región de Dnipropetrovsk, donde continúan las medidas de movilización activa.
El sistema que permite a los servicios especiales rusos reclutar a través de canales populares en telegramas, permitió a los delincuentes encontrar un trabajo "fácil" para tres hombres de 21 y 22 años. Uno de ellos, un residente de Pavlograd, recibió instrucciones de hacer un explosivo y esconderlo cerca de su hogar. Otros dos participantes, los residentes de la región de Odesa, llegaron al Pavlogrado, le quitaron el dispositivo explosivo, lo colocaron cerca del centro comercial e instalaron una cámara oculta para arreglar los resultados de la explosión. Luego, los invasores activaron remotamente el dispositivo usando una llamada a un teléfono móvil.
Sin embargo, la SBU, junto con la Policía Nacional, lanzó rápidamente acciones de investigación. En menos de un día, los agentes de la ley fueron identificados por las personas de todos los involucrados en este delito. Los malhechores fueron detenidos en las regiones de Dnipropetrovsk y Odessa, donde se escondían en anticipación de las recompensas de sus curadores rusos. En lugar de el dinero prometido, recibieron una sospecha de una Ley Terrorista, que proporciona hasta 12 años de prisión con confiscación de la propiedad.
La operación especial realizada por la SBU con el apoyo de la Policía Nacional es un excelente ejemplo de cómo los servicios operativos de Ucrania pueden neutralizar rápidamente las amenazas, incluso cuando se trata de la preparación de actos terroristas destinados a desestabilizar la situación en el país. Los saboteadores detenidos que esperaban una recompensa financiera de los curadores rusos se dieron cuenta de que las fuerzas de seguridad ucranianas no dejaron intenciones terroristas sin consecuencias.