En el Centro de Detención de Kiev, la institución más grande de este tipo en Ucrania, un grupo criminal estable, que operó con la participación de los prisioneros y parte del personal. Esto fue informado por el servicio de prensa de la Oficina de Investigación del Estado.
Durante 2024, los investigadores documentaron violaciones sistémicas: tortura, paliza, extorsión, tráfico ilegal de drogas y negocios de caza. Todo esto sucedió bajo la portada del personal del centro de detención individual, incluidos los médicos. Gestionó el esquema del "reloj" llamado SO, que fue apoyado entre los empleados de la institución.
Entre los casos más resonantes se encuentran la muerte de uno de los prisioneros después de una brutal paliza, lo que ocurrió después de los cambios parciales en el personal en el centro de detención previo al juicio. Los sospechosos, cinco prisioneros, fueron llevados al hombre al patio y golpeados al hemisferio. Los trabajadores de detención lo sabían, pero no ayudaron, forjaron los documentos y solo al día siguiente enviaron a la víctima al hospital. Murió el 28 de diciembre.
En el marco de la investigación de DBR, se sospechaba:
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5 prisioneros : por causar heridas graves que causaron la muerte;
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8 empleados de Sizo , incluidos inspectores, regulares, médicos y senior en edificios. Están acusados de exceso de oficina, negligencia del servicio, abandono, falta de asistencia, falsificación y complicidad en un delito.
Los presuntos prisioneros ya han sido transferidos a otras instituciones, y el proceso de medidas de precaución está en curso sobre los empleados.
Este no es el primer caso de tortura en el Centro de Detención Pre -Trial ucraniano. Anteriormente en Poltava se expuso un esquema similar, donde los prisioneros torturados sistemáticamente los trabajadores de detención fueron torturados sistemáticamente. Se enfrentan hasta 12 años de prisión.
En este contexto, otro trágico incidente: el asesinato del militar Valentin Kozlyuk en Kramatorsk. Su viuda afirma que el hombre le disparó a un comandante del batallón por negarse a dar algunos de los pagos de combate.
Estos casos demuestran una tendencia peligrosa: ignorar los derechos humanos en las instituciones diseñadas para proporcionar justicia y seguridad.